Expediente. Los oficialistas no confirmaron si las irregularidades sobre el caso Emme entrarán en el juicio político.
La situación del fiscal general, Washington Pesántez, se enreda cada vez más en la Asamblea, al tiempo que sus fiscalizadores desenredan un sinnúmero de pruebas que demuestran nexos del funcionario y sus subordinados con un gran círculo de parientes y amigos.
Las nuevas denuncias las realizaron ayer los oficialistas María Paula Romo, Paco Velasco, Rosana Alvarado y Marisol Peñafiel quienes se abstuvieron de hablar del accidente de tránsito en el cual está involucrada la esposa de Pesántez. Es que “por encima de este caso hay muchísimos motivos que explican nuestra preocupación por la Fiscalía”, dijo Romo.
Red de parentescos
Uno de los argumentos del proceso incluye a José Antonio Cevallos, hijo del abogado de la cónyuge de Pesántez (Víctor Hugo Cevallos), quien se desempeñaría como amanuense en la Unidad de Tránsito de la Fiscalía de Pichincha; y el otro envuelve a Giovanny Freire, hijo del fiscal de Pichincha, Marco Freire, quien es “asistente de fiscal”.
A la par, existe la denuncia de un grupo de ciudadanos sobre irregularidades en los concursos de oposición y méritos ya que de los 100 puntos que se pueden obtener como calificación, 20 dependen de una entrevista personal con el Fiscal. De allí, según los legisladores, parten las ventajas para los amigos y parientes del funcionario.
Dudas en auditoría
La Contraloría también está inmersa en una de las denuncias. Los asambleístas mostraron un oficio del 20 de mayo de 2008 en el cual Eduardo Muñoz, contralor encargado, designa a Gustavo Andrade como auditor general del Ministerio Público. Pero entre enero y febrero de 2008 él asesoró a Pesántez en casos de contabilidad y lucha contra la corrupción.
Las amistades
De forma “extraña”, Víctor Miño Arias, amigo cercano del Fiscal, logró ser nombrado fiscal de Sucumbíos pese a que no alcanzó el puntaje necesario cuando se postuló para ese mismo puesto en Pichincha. Un cambio en el reglamento del concurso permitió esa designación ya que en lugar de que los méritos y la oposición valgan 20 puntos, como en el resto del país, se bajó a 15 para la Amazonía y Galápagos. Así, Miño logró su cometido y al poco tiempo fue trasladado a Quito con su nuevo cargo.
El juicio político
Ahora, los fiscalizadores de Pesántez dicen que “fue un error haberlo nombrado Fiscal y haberlo ratificado en su cargo” a través de la Constitución, señaló Velasco. Por eso sostienen que no cometerán una nueva falla al dejarlo libre de los cargos que han hallado en su contra. Entonces, “el juicio va porque va”, añadió, y sería presentado la próxima semana.
Dato
Dos ‘espías’ del área de prensa de la Fiscalía General acudieron ayer a la Asamblea para tener información de primera mano y grabar las intervenciones de los legisladores.
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