Apoyo. Funcionarios de la Fiscalía dejaron sus actividades por un par de horas para respaldar personalmente al fiscal Pesántez.
El fiscal general (quien quiera que ocupe el cargo) tiene el poder sobre el poder, ya que ejerce la acción penal en contra de cualquier funcionario o dirigente político, sea partidario del Gobierno o de la oposición.
El artículo 33 del Código de Procedimiento Penal, que entró en vigencia en el 2001, concede al fiscal el ejercicio de la acción pública y la facultad de acusar o no. Eso quiere decir que el funcionario es una pieza clave al momento de determinar si una persona ha incurrido o no en una infracción penal.
“Para todo político el fiscal general es un amigo necesario y un enemigo peligroso porque podría ayudar o perseguir”, refiere el jurista Ramiro Aguilar. Ello obedece, señala, a que en sus manos está investigar o acusar; todo dependerá de quién ejerza esas funciones.
Por la Fiscalía General han desfilado con sus denuncias gobiernistas y miembros de la oposición. En la mayor parte de casos, el fiscal Washington Pesántez o su subrogante Alfredo Alvear han abierto indagaciones previas o instrucciones fiscales que superan las 2.500.
En esos expedientes se incluyen las de oficio, que es cuando la Fiscalía conoció la perpetración de un delito a través de publicaciones de prensa o porque en algún momento el presidente Correa lo dijo en su enlace radial.
Los casos son diversos: peculado, prevaricato, atentado a la seguridad interna, conspiración contra el Presidente, intento de asesinato, entre otros.
Lo cierto es que actualmente nadie se ha escapado de la lupa de la Fiscalía. Funcionarios de Gobierno como Alexis Mera, el secretario jurídico de la Presidencia; Vinicio Alvarado, secretario de la Administración; la ministra de Salud, Caroline Chang, y funcionarios de las carteras de Obras Públicas, Deportes, Energía, entre otras, están involucrados en expedientes abiertos para investigar presuntas irregularidades. También son investigados oficiales de las FF.AA. y de la Policía y jueces. En el caso de los políticos, Lucio y Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, también tienen expedientes. A ellos se suma el ex alcalde Paco Moncayo y Fabricio Correa.
Washington Pesántez se niega a dejar su cargo
El fiscal Washington Pesántez anunció que no se irá del cargo porque fue designado por la Asamblea de Montecristi, “jerárquicamente superior a una resolución o acuerdo expedido por la Asamblea Nacional”. El anuncio lo hizo ante cerca de 200 funcionarios de la Fiscalía General, de Pichincha, del Guayas, y otras dependencias, quienes dejaron sus actividades por casi dos horas para ir al auditorio del edificio Patria.
Entre aplausos y vivas, Pesántez habló de que detrás de su salida existen intereses relacionados con su actuación en el caso Filanbanco. Incluso habló de una relación Madera de Guerrero-Filanbanco. Lo único que aceptó el Fiscal es abrir un proceso administrativo para analizar el comunicado de respaldo que originó los pedidos de dimisión. (MCV)
En Asamblea hay “temor” y presiones en el caso
El gran poder de la Fiscalía, según algunos legisladores, se está sintiendo en la Asamblea. En la resolución del martes, Cynthia Viteri (MDG) y María Paula Romo (PAIS) fueron las más contundentes.
Ayer, la primera dijo que recibió una llamada en la que le indicaron que el fiscal Washington Pesántez “quería conversar”, y Romo denunció que a ella se le hizo saber que uno de sus familiares podría ser involucrado en un caso judicial. Ayer, Marisol Peñafiel (PAIS) también recibió una invitación al diálogo, y
Virgilio Hernández sostuvo que “en esta semana unos han recibido amenazas y otros intimidaciones y presiones”. César Rodríguez niega que hayan ocurrido esos hechos, aunque en la votación él y otros oficialistas se abstuvieron o se ausentaron. (GFS)
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